Viernes, 08 Noviembre 2013 10:08

Nubarrones sobre los artículos del Código Penal que protegen la propiedad intelectual

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Los departamentos jurídicos de los diferentes miembros que forman la Coalición de Creadores, se han reunido recientemente para analizar el texto que el Consejo de Ministros envió al parlamento el pasado 20 de septiembre. La noticia que circuló inicialmente por la industria audiovisual, era que se trataba de un texto aceptable y parecido al que el Ministerio de Justicia había diseñado unos meses antes y había colocado en su página web.

Pero una vez analizado, el optimismo se ha apagado de un chispazo, ya que los expertos jurídicos de La Coalición piensan que se trata de un texto farragoso, lleno de adverbios ambiguos y muy confusos para el análisis de los jueces, que son quienes deben interpretarlo y dictar sentencias con él.

“Desgraciadamente, cuanto más lo analizo, más veo que será necesario corregir cosas”, nos asegura José Manuel Tourné, responsable de FAP y UVE. “Yo espero –añade– que en el trámite parlamentario se mejore, sobre todo en los aspectos técnicos. Y reitero lo que ya he dicho en numerosas ocasiones: la propiedad intelectual la defienden quienes aplican las leyes, no las leyes en sí mismas”.

La coincidencia en los textos del Código Penal y del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en cuanto a los requisitos cumulativos que deben darse para que se puedan perseguir a las páginas de enlace, ya sea vía penal o administrativamente, hace pensar, sin embargo, a este jurista que no va a ser fácil su mejora en el trámite parlamentario.

{jb_quoteleft}“Desgraciadamente, cuanto más lo analizo, más veo que será necesario corregir cosas”, nos asegura José Manuel Tourné {/jb_quoteleft}Eso no quiere decir que tanto él como sus compañeros de La Coalición no lo vayan a intentar, pero hay una coincidencia en todos ellos en dudar de que exista una verdadera voluntad en el Gobierno para acabar con la piratería. Lo parece refrendar la nueva redacción, cargada de obstáculos, requerimientos y otros condicionantes añadidos al texto del Ministerio de Justicia en su tramitación administrativa.

Tourné reconoce que el Gobierno “Ha manifestado muchas veces y públicamente que se va a proteger la propiedad intelectual, pero los hechos contradicen esas manifestaciones. Nuestra experiencia de 30 años en procedimientos penales por defraudación de la propiedad intelectual, nos indica que con los cambios que han hecho, no va a ser fácil combatir la defraudación de la propiedad intelectual”.

“Sabemos –sigue diciéndonos– qué es lo que necesitan los jueces, cómo opinan, cómo reaccionan y cómo interpretan cualquier adverbio y adjetivo que se incluya en un texto penal. Y desde ese conocimiento, entendemos que se le han puesto tantos adverbios y tantos adjetivos a los comportamientos y actividades que se van a perseguir, que va a resultar muy difícil la interpretación. Hay que leerse varias veces cada párrafo para entenderlo”.

A juicio de este especialista en Derecho Penal –probablemente el que más veces haya pisado un juzgado para defender a los propietarios de las películas–, todo este galimatías “Se incluye para limitar al máximo el alcance de la Ley, y eso va contra la agilidad y la discrecionalidad de los jueces. Lo que tiene que entender el legislador es que, en el ámbito del Código Penal, si condicionas una actividad con términos como “significativamente” o parecidos, creas un problema”.

“¿Cuándo –se pregunta– un robo es significativo? ¿Cuando se roba por encima de una cantidad? ¿Cuando el daño es muy importante, aunque la cuantía sea escasa? ¿La cuantía puede ser un valor importante para aumentar o disminuir la pena?”. Estas y otras cuestiones preocupan a los abogados de La Coalición. Y más, si se tiene en cuenta, que los delitos de propiedad intelectual no dejan huella. Por tanto, nunca se sabrá con certeza cuál es el daño causado.

Todas estas pegas y muchas más, han aparecido entre la publicación del texto del anteproyecto por parte del Ministerio de Justicia, que a la industria le parecía muy bueno, y la aprobación del texto del Código Penal por parte del Gobierno, que ya no les parece tan bueno, y que actualmente se encuentra en las Cortes.

¿Qué ha pasado para que de un lado a otro de la calle cambie tanto? Pues evidentemente porque ha sido debatido por los departamentos del Gobierno que han participado en él, y alguno lo ha querido “descafeinar”. “Nosotros –nos dice Tourné– entendemos que lo probable es que este cambio venga de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, porque ha manifestado públicamente que el Código Penal no podía quedar como había sido presentado por el Ministerio de Justicia”.

Lo cierto es que el texto propuesto para la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, tras la intervención de la llamada Comisión Sinde, incluye numerosos requisitos similares a los que aparecen en el Proyecto de Ley para reformar el Código Penal. También conocemos los comentarios contrarios de diversas asociaciones a dicho texto. Por ejemplo, algunos representantes de las empresas de telecomunicaciones, prestadores de servicios y similares, han optado por incluir requisitos que limitan las actividades punibles.

La Coalición se queja de que la implementación de la sociedad de la información, la están pagando los titulares de contenidos, y de que hay un enorme desequilibrio entre los derechos y los intereses de una serie de operadores de servicios y quienes crean contenidos, ya sean productores, distribuidores cinematográficos, audiovisuales, musicales, autores de libros o videojuegos.

“Nuestras obras –afirma el Director General de FAP– están siendo ofrecidas gratuitamente todos los días a través de estas páginas de enlaces y no hay manera de parar la sangría. Y cuando lo intentamos, las instituciones nos echan para atrás. Los datos ofrecidos por el último Observatorio Antipiratería señalaban que la piratería sigue aumentando. Hay que decirlo con toda claridad”.

{jb_quoteright}Los textos pueden ser muy buenos, pero cicatera la voluntad del Gobierno para aplicarlos genera dudas sobre su efectividad en el día a día {/jb_quoteright}No hay más que entrar en cualquiera de las 50/60 páginas web de descargas de películas a las que se accede sin autorización de los titulares, para darse cuenta de esa impunidad por la falta de actuación del Gobierno: en todas ellas se encuentran las novedades y las que no son novedades.

¿Cómo está de enfadado el Gobierno americano? Le preguntamos al representante jurídico para la labor antipiratería de las Major en España. "Pues no lo sé –nos dice Tourné–. Supongo que las empresas americanas se quejarán en su momento, como se han quejado en años anteriores, de que no pueden vender nada, y que las razones son los altos índices de piratería que hay. Y supongo que el gobierno americano reaccionará de alguna manera, y le exigirá al gobierno español más compromiso”.

“Compromiso –añade– que debe tener, además, como miembro de la Unión Europea, porque la UE tiene un empeño serio de luchar contra la piratería. Y, desgraciadamente, España se ha convertido en el país más pirata de toda Europa. Algo habrá que hacer al respecto. La voluntad de nuestro Gobierno, al menos de palabra, ha sido de luchar claramente contra la piratería. Y en esa voluntad hemos creído todos hasta ahora”.

Pero estamos a final de 2013 y seguimos sin una ley que ampare la propiedad intelectual, lo que hace que la piratería siga creciendo. Es verdad que existen dos textos legislativos en los despachos del Consejo de Estado a punto de ver la luz –la Reforma de la Propiedad Intelectual y la Ley de Enjuiciamiento Civil– en los que la industria audiovisual y los propietarios de derechos intelectuales confían para acabar con las descargas ilegales.

¿Serán los definitivos, junto al Código Penal? En la Coalición lo dudan, ya que los textos pueden ser muy buenos, pero cicatera la voluntad del Gobierno para aplicarlos Tenemos el ejemplo del paupérrimo papel realizado por el Ministerio de Cultura en estos últimos meses a través de los resultados de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. FAP ha presentado en ella 64 denuncias, de las que ha iniciado 18 procedimientos que han conseguido la retirada de 35 títulos (la mayoría de ellos voluntariamente).

Lo sorprendente es que esas 64 denuncias implicaban más de 350.000 títulos. ¡Pero solo han retirado 35! Además, algunas de estas decisiones han llegado 19 meses después de presentarse el expediente, y por lo tanto no tienen ningún impacto en la página web pirata. A este ritmo, y con esta falta de voluntad y de aplicación de las leyes no se va a acabar jamás con la piratería. ¿Seguirá el Código Penal la misma ruta?

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