Martes, 18 Febrero 2014 15:54

FAP cree que la Ley de Propiedad Intelectual no es suficientemente buena para acabar con la piratería

Valora este artículo
(2 votos)

FAP cree que la Ley de Propiedad Intelectual no es suficientemente buena para acabar con la piratería

La industria videográfica española, y en su representación la Federación Antipiratería (FAP), no han lanzado las campanas al vuelo tras la aprobación por el Consejo de Ministros del viernes pasado, del proyecto de Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Por el contrario, y como nos lo manifiesta su Director General, José Manuel Tourné, “Todavía está lejos de ser una herramienta útil para acabar con las páginas piratas en internet. Lamento recurrir siempre a la misma frase –añade–, pero está más viva que nunca: las leyes no protegen la propiedad intelectual, la protegen quienes las aplican. Y en este caso, la LPI no es buena porque, precisamente, quienes la tienen que aplicar van a seguir careciendo de los medios y de la infraestructura adecuada –no solo ya desde nuestro punto de vista, los titulares de derechos–, sino desde el punto de vista que les propuso el Consejo de Estado”.

“Lo que pretende teóricamente esta Ley –sigue diciéndonos el Director General de FAP– es mejorar a través del Artículo 158 Ter. la actividad de la Sección Segunda de la CPI. Pero para ello es fundamental mejorar su composición, pues después de casi dos años de actividad no ha tenido eficacia alguna: si por eficacia entendemos que se haya reducido la presencia de contenidos no autorizados en la red o se haya reducido el número de páginas piratas. Por el contrario, sigue habiendo las mismas o más. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ministro de Cultura daba unas cifras que nos resultaron sorprendentes, porque mostraba los resultados de la CPI casi como brillantes. Yo, a fecha de hoy, y después de haber compartido mis datos con el resto de asociaciones que integramos La Coalición, puedo asegurar que eso no es así”.

“Respecto a la industria cinematográfica y videográfica: hay más de 30 denuncias en las que ni siquiera se ha iniciado el expediente. Y tan solo hay una página en la que se ha producido un cierre, la única que no era con ánimo de lucro, y su dueño decidió, ante la denuncia de la CPI, cerrarla. Pero no hubo orden contra ella de cerrarla”. A juicio de este importante representante del sector, “la CPI no está funcionando porque no se está dirigiendo contra la totalidad de títulos que aparecen en las páginas piratas.

“En las portadas de las páginas denunciadas –afirma Tourné–, encontramos todos los títulos sin excepción que se acaban de estrenar en las salas de cine, y están disponible para el usuario simplemente con dar a un clic. Y si, en el mejor de los casos, la CPI retira 3 títulos 10 meses después que se haya presentado la denuncia, la eficacia y el impacto es nulo, porque 10 meses después no solo el título no tiene ningún interés, sino que además ha sido sustituido por otras muchas películas que se han ido estrenando en las sucesivas semanas. Es decir, que si la media de inicio de un expediente es de 9 meses, y la resolución de 12, la eficacia de la CPI es paupérrima”.

“No entendemos –sigue diciéndonos– a qué viene restringir los objetivos de la CPI a aquellos prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren la derechos de propiedad intelectual de forma “significativa”. Esto es absurdo. ¿Solamente se va a actuar contra los que roban de forma significativa? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que algunos se van a quedar fuera? ¿Y quién determina que el robo o, en este caso, la vulneración de la propiedad intelectual es significativo o no?”.

¿Es que no se da cuenta el legislador –sigue preguntándose– de que cuando ponemos adjetivos y adverbios a las actividades jurídicas, enredamos enormemente la interpretación de estas leyes y complicamos de forma tremenda la actividad de quienes integran la CPI para que tengan que decir cuándo hay o no vulneración de forma “significativa”?

¿Quiere eso decir que los últimos tres títulos que se estrenan el viernes y se suben a la páginas denunciadas, no supone una vulneración “significativa”? ¿Por qué no se meten a todos? ¿A qué viene tanta restricción? Sencillamente, no lo entendemos. Por eso creemos que estamos todavía muy lejos de un texto que pueda ser eficaz”.

¿Cómo estaríamos más cerca?, le preguntamos Sin dudarlo nos contesta: “Pues eliminando “significativamente”. Es esencial. Y luego está ese otro de “A gran escala”, término ambiguo cuanto menos”. Se refiere al Artículo 256, en su Apartado 10 que comienza diciendo así: “Quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad intelectual o industrial, para que se identifique al prestador de servicio de la sociedad de la información sobre el que concurra evidencias razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo “A gran escala”, considerando entre otros supuestos su nivel de audiencia…”.

¿Es decir –se pregunta–, si no es “A gran escala” un juez no podrá solicitar información para iniciar un procedimiento para iniciar un proceso civil? Esto no existe en ninguna jurisdicción europea, pero sí en nuestra Ley”. El Artículo 256, en otras palabras, permite que un juez se dirija a un prestador se servicio, como pudiera ser Telefónica, y decirle que existe una demanda de una compañía propietaria de unos derechos de propiedad intelectual contra un cliente suyo por vulneración de la propiedad intelectual, exigiéndole que le facilite sus datos para dirigir la demanda contra ese alguien en concreto”.

El problema es que con nuestra Ley parece que deberá demostrarse antes que se trata de un caso de vulneración “A gran escala”. “De otra forma –señala nuestro entrevistado–, no podemos iniciar un procedimiento contra él. Es decir, no podemos identificar a quien sube películas a la red desde distintas IP, hasta que hayamos probado que lo hace “A gran escala”. Mientras tanto, el juez no puede pedir los datos correspondientes. Esto es absurdo. La reforma del artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es clave para poder iniciar acciones civiles contra los vulneradores de la propiedad intelectual. Con estas ambigüedades tan difíciles de analizar por un juez, no podemos acabar con la piratería en internet”.

¿Después de tantas batallas perdidas –seguimos preguntándole– (y de muchas sin duda ganadas, pero a destiempo, con mucho retraso), y una guerra que parece inacabable con los diferentes gobiernos y contra la piratería, para conseguir leyes eficaces con las que salvar a la industria audiovisual, la nueva LPI enviada por este Gobierno al Parlamento va a resultar también ineficaz?

“Nosotros no nos rendiremos nunca –nos responde Tourné–. Afortunadamente hay un trámite parlamentario donde se puede hablar con los diferentes grupos políticos para mejorarla, y de hecho ya estamos en contacto con ellos a través de La Coalición. Parece que alguna sensibilidad sobre lo que estamos diciendo tienen. Lo que ocurre es que los trámites, desgraciadamente, son lentos, y no resulta fácil aprobar una ley que complazca a todo el mundo. Creo que el Gobierno ha intentado hacer las cosas de la mejor manera posible, tratando de conciliar todos los intereses, pero desde nuestra perspectiva sigue fallando en esa conciliación, pues la balanza sigue muy desequilibrada en contra de los derechos de propiedad intelectual. Equilibrar esa balanza entre los derechos de propiedad intelectual, los derechos de los usuarios, de los prestadores de servicio y de las empresas de tecnología de la información y comunicación, es esencial para que internet funcione”, concluye el Director General de FAP.