Viernes, 14 Febrero 2014 12:45

El punto de vista acertado sobre la comunicación pública en internet, por José Manuel Tourné y Salvador Esteban

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El Director General de la Federación Antipiratería (FAP) y el responsable de temas de derechos de autor de la misma, Salvador Esteban, han escrito un artículo para El Mundo y estrenosdevideo.com sobre la importante resolución del llamado Caso Svensson, sentencia que emitió ayer jueves el Tribunal de Justicia de la UE. 

El problema de la legitimidad o no de las llamadas “páginas de enlaces”, se viene planteando desde hace varios años en los tribunales y, en definitiva, generando debate en la misma Red. Ya desde el conocido “Caso Sharemula” hasta las importantes sentencias de la Audiencia Provincial de Vizcaya de septiembre de 2011 o la muy reciente, de enero de este mismo año, de la Audiencia de Valencia, la controversia se ha centrado en la efectividad del enlace para ser considerado como un acto o un medio para la comunicación pública de obras intelectuales.

Las soluciones que han adoptado los jueces han variado desde la negativa rotunda en la consideración del enlace como comunicación pública, hasta entender como tal la actividad de facilitar el acceso mediante enlaces a películas juegos u obras musicales o literarias. Son dos los puntos de vista antagónicos: el enlace no supone más que un elemento informático que en nada afecta a la comunicación pública; o bien, la actividad de enlazar supone un acto de comunicación pública.



 

Este debate no se restringe solo al ámbito jurídico español, sino que alcanza a todos los sistemas jurisdiccionales de nuestro entorno, pues de la solución que se adopte depende, en gran medida, el equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual y los de los usuarios a compartir información a través de la red. La legislación europea intentó armonizar las diferentes perspectivas de los Estados miembros a través de la Directiva 2001/29/CE, “de los derechos de autor"  y especialmente en su art. 3.1, norma sobre la que gira la presente sentencia. Son ahora los tribunales de la Unión los que se han visto obligados a pronunciarse.

Se tratan por el Tribunal de Justicia las cuestiones pre-judiciales planteadas en un asunto de “clipping” por internet, en el que unos periodistas demandan a una página web que facilitaba a los usuarios de la red, mediante enlaces, artículos previamente publicados por ellos en otro diario distribuido en internet. Y la sentencia del Tribunal entra directamente en la resolución del problema que ahora estamos planteando, de manera sencilla y muy aclaratoria.

La cuestión es doble. En primer lugar y lo más importante, está la naturaleza de la actividad realizada por la página que enlaza. En segundo lugar, la legitimidad, esto es, la necesidad de autorización a la página para enlazar a los contenidos. En cuanto al primer aspecto, el Tribunal de Justicia es contundente y no deja lugar a dudas cuando dice de forma literal: “…En circunstancias como las del litigio principal, el hecho de facilitar enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras protegidas, debe calificarse de “puesta a disposición” y en consecuencia, de “acto de comunicación”…”. Y sigue diciendo: “… Un acto de comunicación realizado por el gestor de una página de internet mediante enlaces sobre los que se pueda pulsar, se dirige al conjunto de usuarios potenciales…”.

En otras palabras, resuelve así la naturaleza de la actividad efectuada por la página que dirige a las obras intelectuales, mediante la inserción de enlaces. Ni más ni menos que comunicación pública de obras intelectuales, mediante su puesta a disposición del público, en aplicación del artículo 3.1 de la directiva citada.

La sentencia entra después en aspectos relativos a la necesidad de autorización por parte de los titulares para esa comunicación pública. Pero partimos de una forma de explotación que ha de ser autorizada, no de una actividad neutra como se ha pretendido por algún sector jurisprudencial español, cada vez más minoritario.

La solución dependerá de la interpretación que demos a la necesidad de autorización del titular para esa comunicación pública, de acuerdo con el art. 3.1 de la Directiva. Y resuelve que si la actividad de la “página de enlaces” está destinada a facilitar el acceso de público nuevo a obras publicadas con limitaciones o medidas restrictivas, esa actividad ha de estar autorizada por el titular. Por el contrario, si la publicación original se realiza sin limitaciones, no ha de solicitarse la autorización del titular puesto que todo el público potencial puede acceder a la obra enlazada. 

Dada la concreción del caso en el que se planteaba la cuestión, la sentencia no se pronuncia sobre una tercera posibilidad: el acceso de la obra a la red sin que el titular se haya manifestado sobre su forma de publicación, con o sin restricciones. Pensemos en el acceso a películas que todavía se encuentran en periodo de explotación en salas. ¿Para ponerla a disposición hay que solicitar la autorización del titular? Por lógica sí: los autores tienen el derecho a “… Autorizar o prohibir cualquier comunicación al público…” (artículo 3.1 Directiva). No puede ser otra la interpretación de la norma europea, atendiendo a ese derecho exclusivo del titular de manifestar su voluntad de permitir la explotación por terceros de la obra. 

El Tribunal de Justicia resuelve, con la presente resolución, el punto más importante del debate: las páginas que facilitan enlaces a otras obras realizan actos de comunicación pública y en la medida que el autor haya restringido el acceso a su obra, bien con medidas tecnológicas, bien porque no lo ha autorizado de manera alguna, el enlace sería ilícito.

Tan sólo en caso de que el autor haya ejercido su derecho de poner a disposición de cualquier usuario su obra sin limitaciones, no será necesaria su autorización para enlazarla.

Por todo ello la sentencia es digna de elogio. Es evidente que la autorización sobre estos actos, en cada caso concreto, determinará su legitimidad o legalidad. Pero se ha disuelto el problema de base.

Los Tribunales de Justicia españoles ya tienen otro elemento de apoyo más para seguir en la línea que están apuntando con las últimas resoluciones.