Jueves, 03 Abril 2014 09:21

El acoso a las webs piratas no impide la aparición de otras nuevas

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El cierre aparentemente voluntario de SeriesYonkis.es el pasado mes de marzo (presionados seguramente por las últimas sentencias contra los enganches P2P) ha despertado un moderado optimismo en el mercado videográfico. Máxime cuando aún se recuerda otro cierre impactante como el de CineTube (ver tmv 225), aunque este se debió al bloqueo de todos los contenidos del portal de alojamiento y descarga directa de archivos Megaupload por la justicia norteamericana en enero de 2012.

Sea por la razón que sea, en FAP esperan que esta decisión y las sentencias del Tribunal de Vizcaya y del Tribunal de Justicia Europeo en lo referente al Caso Svenson, abran el camino a una mayor efectividad en la defensa de los derechos de autor en Internet. Este cierre “voluntario” significa que casi 6 millones de usuarios se han quedado sin enlazar a su web pirata favorita.

Es verdad que al día siguiente del cierre de SeriesYonkis.es abrió otro portal con el mismo nombre, pero con el dominio .sx, ¡y en Las Antillas! Ya se sabe: a río revuelto... Y en este río revuelto ha aparecido una nueva web, la Series.ly que por más señas es propiedad de catalanes, aunque su dominio lo han abierto en Libia, aprovechando las facilidades que ofrece aquel país que hasta hace poco estaba en manos de Gadafi y ahora mismo se desconoce quién manda allí.

Es decir, que las plataformas de descarga ilegal que miran a España como base de su negocio y desarrollo actual y futuro siguen proliferando, aprovechándose de esos “paraísos” donde no exigen documentación legal alguna y aprovechándose también de otros como España donde aunque sí piden documentación (pero no demasiada), tampoco hacen nada para, una vez situados en internet, prohibirlos por ilegales.

Nuestra revista ha entrado en muchos de los sitios de descarga ilegales que pueden consultarse y utilizarse en España para bajarse películas, series, videojuegos o música. Y el resultado es sobrecogedor: la mayoría ofrecen los últimos títulos con una calidad que podemos situar entre normal y muy buena, tanto para las de descarga directa como las de “streaming” (ver recuadro).

Una muestra de lo que decimos puede hallarse en las siguientes direcciones-webs piratas de “streming”: http://www.cuevana.tv; http://www.dop.tv; http://www.yaske.to; http://www.cinetux.org; http://www.estrenoshd.es; www.http://series.ly. Y de descarga directa: http://www.shurweb.es; http://cinelibreonline.blogspot.com; y http://www.tekilaz.com. En el caso de http://www.peliculaspepito.com, el amplio catálogo de producto con que cuenta se puede descargar y ver igualmente en “streming”.

Junto a ellas se encuentran otras muy activas a las que los videoclubs consideran como el canal a donde se han mudado muchos de sus clientes. Nos estamos refiriendo a bajui.com, elitetorrents, gamestorrents, divtotal, estrenosgo.com, divxatope.com, pelis24.com, divxonline.info, superpelis.com, newpct.com, mejortorrent, pordede. Y no son todas, porque según nuestra búsqueda y las fuentes de la industria a las que hemos accedido, pueden aproximarse a unas 60 las que tienen al mercado al borde del jaque mate.

De todas formas, desde 2011 han desaparecido muchas de las que actuaban tanto en España como en el extranjero. En ese año, contabilizamos fuera de nuestro país 143 sitios de descarga ilegal, con dominios en Francia, Estados Unidos, Italia, Alemania, Holanda, Reino Unido, Argentina o Checoslovaquia. Por esas fechas había 65 en España, lo que sumaba más de 200 en todo el mundo.



 

Como ya decíamos, el cierre de Megaupload tumbó a una buena parte de ellas, aunque también hay que atribuirle méritos a las diferentes fuerzas de seguridad internacionales, entre ella la Policía Nacional y la Guardia Civil. Pero mientras en la mayoría de los países antes citados con webs piratas –y Estados Unidos tenía unas cuantas–, sus instituciones judiciales, gracias a legislaciones promovidas por sus gobiernos, se dedicaron a perseguir implacablemente a los sitios indicados, en España se ha hecho la vista gorda argumentando la libertad en internet y a la falta de normativas adecuadas.

Esa libertad sagrada de internet era incluso proclamada a los cuatro vientos en las páginas de casi todos los periódicos: los mismos que en estos momentos son partidarios de controlarla al ver cómo Google les quita audiencias y, por lo tanto, negocio. Libertad que igualmente proclamaban, por otras razones (más comerciales) las empresas de telefonía que desarrollaban sus redes de ADSL por nuestro país, con el beneplácito del Gobierno de aquella época, el de José Luis Rodríguez Zapatero).

Y no lo decimos nosotros, sino que acaba de publicarlo la IIPA (International Intellectual Property Alliance) quien en su informe-recomendación del pasado mes de febrero dice algo tan categórico como que “España se ha convertido en un lugar “increasing” para la actividad ilícita de productos de los miembros de la Entertainment Software Association (ESA)”. Y señala que en 2013 nuestro país ocupó el quinto lugar del mundo en número de conexiones realizadas “peer-to-peer” (P2P) por internautas que participan en el intercambio de archivos no autorizados de títulos de la ESA.

Pero el daño que produce no solo lo sufren más allá de los Pirineos, sino que lo padecemos de una manera más intensa y salvaje en España. Los datos del Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales de 2012 (ver las cifras en nuestro tmv 215) eran demoledores: si desapareciesen la webs piratas existentes con una legislación adecuada, en España –señalaba el informe– se habrían generado en 2013, 25.720 empleos directos en los mercados del cine, la música, el videojuego y el libro.

A estos que habría que añadir 5 empleos indirectos por cada directo, lo que supondría un crecimiento del consumo muy notable debido a que el mercado del audiovisual generaría confianza a quien estuvieran trabajando en él. Además de lo que el propio Estado ingresaría por conceptos como IVA (250 millones de €) e IRP (56 millones), sin tener en cuenta lo que sumaría el gasto de la nuevas familias con trabajo estable.

Nadie fuera de nuestro país puede entender la sinrazón de este gobierno (y antes del anterior) y de sus políticos de la oposición para permitir tal desaguisado. Prefieren pagar cientos de millones de euros a decenas de miles de parados en subsidios de desempleo y no ingresar ni un euro por concepto de descargas (ilegales). ¿Quién en su sano juicio entiende esto? Y más en un país en crisis donde Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda, busca dinero hasta debajo de las piedras.  Pues bien, creemos que las cifras del próximo Observatorio, que se darán a conocer en este mes, aun son peores que las de 2012.

¿No hay formas de controlar este diluvio de descargas ilegales? Existen leyes más que suficientes para haberlas parado en el pasado. Incluso antes de que este gobierno promulgara la LES en su segundo Consejo de Ministros de enero de 2012. Estamos hablando de webs que, dejando a un lado su ilegalidad por robo manifiesto de derechos de autor, podrían ser sancionadas por no cumplir los requisitos que todos los empresarios cinematográficos están obligados a observar, como por ejemplo la clasificación por edades que impone el ICAA a todos los que quieran estrenar una película o documental en España (ya sea en cines como en vídeo o televisión).

Ninguna web pirata ha pedido tal permiso, lo que llevaría a una probable sanción económica como poco. Sin olvidar que también la ley obliga a la separación del producto tolerado para todos los públicos respecto a las películas pornográficas. Ninguna web pirata hace tal cosa, permitiendo a cualquier internauta (sea menor o no) acceder a ella de la manera a como accede a una película normal o infantil.

¿Cambiará la cosa cuando se aprueben el Código Penal y la Ley de Propiedad Intelectual? Eso esperamos, como debería ya haber cambiado de haberse aplicado la normativa de la LES por parte de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), lo que no ha ocurrido. Con el mal ejemplo que da el propio Gobierno al no aplicar las leyes que aprueba, no es de extrañar que exista pesimismo respecto a que lo haga con las nuevas leyes que saldrán del Parlamento a lo largo de este año.

Los jueces, sin embargo, según nos confirmar en fuentes de la lucha contra la piratería, están deseosos de que salgan estas leyes, ya que al menos con un Código Penal que contemple penas de cárcel importantes, podrían disuadir a las webs piratas existentes o a las que tengan pensado crearse ante una hipotética pasibilidad del Gobierno. De hecho, algunas ya se están preparando para estas circunstancias y se están buscando alojamiento fuera de España, como la citada Series.ly.

ADEPI (Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual) avisa de este nuevo pirateo que denomina “sofisticado”. Series.ly –asegura en un comunicado que se puede leer en www.adepi.net) “Es en este momento uno de los sitios web más activos en España dedicados a la piratería digital de películas y series. Con dos años recién cumplidos, se ha beneficiado del cierre de algunos de sus competidores”.

“Mientras tanto –sigue diciendo–, su amplia oferta de enlaces a contenidos publicados sin autorización pasa inadvertida para muchos titulares de derechos, debido en parte a que se oculta tras un sistema que solo permite registrarse con invitación. Una vez dentro, sorprende el desparpajo con el que presume de su acuerdo comercial con la empresa española Blusens”.

La única manera de combatir estas webs es cerrándoles el acceso al internauta por medio de cortafuegos en las compañías telefónicas en donde se alojan. Pero éstas se niegan alegando que debe ser un juez quienes se lo ordene. Esto será posible si se aprueba el Código Penal y la Ley de Propiedad Intelectual, aunque, insistimos, también se podría hacer con la normativa actual de la LES si el CPI quisiera aplicarla. De hecho hay jueces que lo hacen por su cuenta, como el del Vizcaya antes citado o el del tribunal de Murcia.

En este contexto, la Federación Antipiratería (FAP) es la mejor referencia para esta deseada victoria contra las descargas ilegales en nuestro país. Precisamente se cumplen en 2014, 30 años de su estancia oficial en España, concretamente el próximo mes de septiembre. En todos estos años, la labor realizada contra todas las modalidades de la piratería ha sido enorme y crucial para detenerla o reducirla a cifras tolerables.

Primero fue aquella piratería nacida a finales de los años ochenta a golpe de duplicados de las propias cintas VHS (en los mismísimos videoclubs), luego el modelo “paralelo” realizado con máquinas en aquellos tiempos (principios de los años 90) muy sofisticadas. Cuando se acabó la piratería interna del propio mercado, no sin antes echar a empresarios del sector que realizaban piratería industrial dentro de él al tiempo que se amparaban en la legalidad de los videoclubs que poseían o incluso de distribuidoras propias, empezó a florecer el pirateo de los mercadillos y el del videocomunitario.

También FAP y toda la industria (y en esa lucha también estuvo nuestra revista) combatieron contra una lacra que, hacia la mitad de los años 90 del pasado siglo, estuvo a punto de acabar con el sector. Y de hecho, lo dejó reducido a menos de la mitad. Pero se levantó y volvió, sin piratas, a ofrecer su producto a un público familiar ávido de cine, público que ha mantenido al ciento por cien hasta la llegada de las dos últimas oleadas de piratería, las más sangrientas: los manteros y las descargas ilegales.

Hoy solo queda esta última, que se ha convertido en la más perversa causa de la destrucción de nuestro sector. Con el agravante de que con él han ido cayendo igualmente las industria de la música, el videojuego y ahora, desde hace dos años (desde el momento que se inventó y se difundieron las tabletas), también los libros. Y, repetimos, toda esta caída se ha producido con el beneplácito de los diferentes gobiernos que se han ido turnando desde 2005 hasta hoy.

Son muchos los empresarios de estos sectores que ya están hartas de la falta de garantías que debería ofrecerles la Administración. Están cerrando tiendas de libros y ya lo hicieron las de música, videojuegos y videoclubs. Respecto a estos últimos, muchos de los que quedan van a esperar a ver si el Código Penal y la Ley de Propiedad Intelectual son aprobados en el Congreso, y el gobierno las aplica inmediatamente. En caso contrario, es muy posible que, para principios de 2015, el sector del vídeo (el de la música ya prácticamente no existe como negocio de tienda física) y el del libro desaparezcan para siempre. ¿Tendremos que entrar en las webs piratas que existan entonces para ver películas en este país? Del Gobierno y de nuestras fuerzas políticas depende.

Mientras tanto, al cierre de nuestra revista, recibíamos la noticia de la importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la página austríaca de enlaces kino.to que daba acceso a archivos en “streaming” por infringir la propiedad intelectual. Toda la información recibida la hemos remitido a nuestra sección de noticias.


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