El cine y el vídeo en el Parlamento


El 17 y el 18 del pasado mes de octubre, 20 representantes de otras tantas asociaciones relacionadas con el sector del audiovisual, fueron convocadas por la Comisión de Cultura del Congreso de Diputados para que sus Ilustrísimas oyeran sus opiniones en relación con la tramitación del Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual y más concretamente sobre la modificación del texto refundido RDL 1/96 de dicha Ley. Representantes de las entidades de gestión de los actores, productores, músicos, editores de diarios, consumidores, SGAE, VEGA y, por supuesto, UVE y FAP, ofrecieron su punto de vista sobre las cuestiones que afectan a sus representados y que adquieren gran importancia a tenor de la amplia gama de implicados que se encuentran vinculados por la Ley. Ésta, para más inri, se debate en tiempos de crisis del sector audiovisual y más concretamente de la industria del cine, cuya peor parte se la está llevando en estos momentos las salas cinematográficas que, hasta hace poco, vivían en aguas tranquilas, ajenas a los gravísimos problemas que la piratería callejera y la de internet ocasionaban al sector del vídeo. La extensión del daño a los exhibidores, ha hecho posible que el problema afecte con mayor virulencia a los productores en general, quienes, semana tras semana, ven como disminuyen los ingresos de taquilla y, por lo tanto, la solidez de sus compañías para seguir produciendo películas. Y ya se sabe: sin películas, no hay de todo lo demás.
Algunos se preguntan de qué sirve una Ley que, por muy perfecta que sea, llega en unos momentos en que las mafias organizadas han logrado desarticular la potente industria del disco y que lleva camino de hacer otro tanto con la del cine. De qué serviría si cuando sea promulgada, hay más películas piratas que legales a disposición de los consumidores, habiendo conseguido esas mafias el cierre masivo de salas, de videoclubs y reduciendo al mínimo la comercialización lícita de la venta directa en los locales autorizados. Los intelectuales que protegerá la Ley -actores, escritores, cineastas, productores, etc.- tienen que ser conscientes de que sus trabajos y las remuneraciones legítimas que aspiran a conseguir por los derechos de autor derivados de los mismos, no los van a obtener de los “manteros”, “mochileros” y canales gratuitos de internet. Por lo tanto son los primeros interesados en que, junto a la promulgación de una excelente Ley de Propiedad Intelectual, se acometa con rapidez una persecución de estas prácticas criminales que les llevan al paro irremediable. Y lo que es peor: a la desaparición o, como mínimo, parálisis de una industria de las imágenes que, además de dar dinero, ofrece, sí entretenimiento, pero también conocimiento, erudición y cultura. Y esto son palabras mayores, ya que un país es más fuerte e influyente cuanto más potentes son sus productos culturales.

Por ello no entendemos que el gobierno quiera sacar adelante el artículo 161.4 del texto del Proyecto de Ley, mediante el cual se permitiría que cualquier ciudadano hiciese tres copias privadas -ahora sólo se permite hacer una-, dejando más libre aún el camino a los piratas. De salir adelante esta disposición, la industria del cine, como la conocemos hoy, recibiría poco más o menos que una esquela de defunción. El límite a la copia privada, si se quiere que nuestra industria permanezca, debe restringirse en todo caso a copias provisionales obtenidas de producto que esté libre de “anticopy” (como las emisiones de televisión en abierto). En el resto de Europa se permiten copias privadas de todo producto que esté libre y del que está protegido, siempre y cuando estas copias “No perjudiquen la normal explotación de la obra o causen un perjuicio injustificado al titular” (Regla de los tres pasos). Al cierre de nuestra revista y, por lo tanto, en el momento en que escribíamos nuestro editorial, tanto FAP como UVE y SGAE, entre otras entidades de gestión, presionaban al Gobierno para que frenase este desaguisado legal, y tuviera en cuenta el derecho del propietario de la obra a disponer de los mejores instrumentos posibles para protegerla. ¡Ojalá se imponga la cordura y la Ley ampare a los que la cumplen y no al revés!